El grupo municipal de Compromís en el Ayuntamiento de Castelló ha advertido de que vigilará de cerca cualquier intento del gobierno de Begoña Carrasco de incorporar a las ayudas y servicios municipales los criterios de la denominada “prioridad nacional” impulsada por Vox y asumida por el Partido Popular. El portavoz de la coalición valencianista, Ignasi Garcia, ha denunciado que estas propuestas entran en conflicto con los principios de igualdad y no discriminación de la Unión Europea y ha alertado de que aplicarlas supondría, en la práctica, “romper con Europa y con los derechos y las garantías que nos proporciona”.
Las declaraciones llegan después de que la Comisión Europea haya recordado, en una respuesta al eurodiputado de Compromís Vicent Marzà, que los Estados miembros no pueden imponer unilateralmente a los residentes de larga duración un periodo de residencia superior a los cinco años establecidos por la normativa europea para acceder al reconocimiento de este estatuto. La respuesta también advierte de que los requisitos de residencia pueden constituir una discriminación indirecta cuando perjudican de manera desproporcionada a personas de otros países sin una justificación adecuada.
Esta interpretación ha puesto en cuestión las medidas aprobadas por el PP y Vox en Les Corts Valencianes, que establecen un mínimo de diez años de empadronamiento histórico para inscribirse como demandante de vivienda protegida en régimen de compra. Ante esta situación, Marzà ha vuelto a dirigirse a la Comisión Europea para que se pronuncie específicamente sobre la normativa valenciana y valore si vulnera el derecho comunitario.
Garcia ha criticado que “el PP y Vox están proponiendo, de hecho, romper con Europa. No se puede defender formar parte de la Unión Europea y, al mismo tiempo, impulsar normas que pueden vulnerar los derechos que reconoce la legislación europea. Su supuesta prioridad nacional no es una medida para mejorar las ayudas, sino una fórmula para excluir a personas”.
El portavoz valencianista ha querido diferenciar entre establecer criterios de arraigo para acceder a determinadas prestaciones públicas e imponer requisitos desproporcionados que pueden acabar excluyendo a personas que tienen reconocidos los mismos derechos. En este sentido, ha recordado que las administraciones ya han aplicado históricamente criterios de empadronamiento y residencia para regular el acceso a determinadas ayudas, también durante los gobiernos progresistas.
“Una cosa es tener en cuenta el tiempo de empadronamiento para conceder determinadas ayudas, como ya se ha hecho durante años, y otra muy diferente es exigir unos plazos tan elevados que, en la práctica, lo que haces es impedir que otras personas puedan acceder a ellas. Europa establece unos derechos y unas garantías que no se pueden ignorar para satisfacer las exigencias de Vox”, ha explicado Garcia.
Compromís vigilará las medidas municipales de Castelló
Ante esta situación, Compromís ha anunciado que hará un seguimiento de las iniciativas del gobierno municipal para evitar que los criterios de la denominada “prioridad nacional” se trasladen a las ordenanzas, las convocatorias de ayudas o los servicios públicos de Castelló sin respetar la legislación vigente.
“Después de que haya quedado en evidencia que la supuesta prioridad nacional que están aplicando el Partido Popular y Vox en la Generalitat presenta problemas de compatibilidad con la legalidad europea, desde Compromís vigilaremos muy de cerca que el Ayuntamiento de Castelló no apruebe normas que vulneren los derechos de la ciudadanía”, ha afirmado el portavoz.
Garcia ha insistido en que las propuestas de Vox parten de un problema ficticio, porque las administraciones ya disponen de mecanismos legales para regular el acceso a las prestaciones y comprobar que las personas solicitantes cumplen los requisitos establecidos. “Vox pretende hacer creer que hasta ahora no había ningún control para acceder a las ayudas públicas, cuando eso es falso. Lo que están haciendo es inventarse un problema para justificar medidas excluyentes, y lo más preocupante es que el Partido Popular está asumiendo ese discurso”, ha señalado.
Finalmente, el portavoz de Compromís ha advertido de que “Castelló no puede dar la espalda a Europa por seguir las obsesiones ideológicas de Vox. Nuestra economía, nuestro trabajo y muchas de las oportunidades de la ciudadanía dependen de las relaciones con el resto de países europeos. No podemos permitir que el sectarismo y el odio se conviertan en normas municipales que pongan en cuestión los derechos que nos garantiza la Unión Europea”.
