La Sindicatura concluye que la contratación municipal se ajusta a la normativa vigente y constata el cumplimiento de las obligaciones de rendición de cuentas y control interno. El Gobierno municipal destaca que varias de las mejoras recomendadas ya estaban implantadas antes de la fiscalización y pone en valor la evolución de los reconocimientos extrajudiciales de crédito que se han reducido en un 80%
El concejal de Hacienda del Ayuntamiento de Castellón, Juan Carlos Redondo, ha expresado su satisfacción por los resultados de la fiscalización realizada por la Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana, correspondiente a los ejercicios 2024 y 2025.
«Estamos satisfechos con el resultado de esta auditoría porque estamos hablando de una fiscalización de enorme alcance, que ha examinado toda la gestión económico-financiera del Ayuntamiento durante dos ejercicios completos. Y recoge conclusiones favorables sobre aspectos fundamentales de nuestra gestión», ha manifestado Redondo.
La fiscalización ha comprendido la revisión de los expedientes completos de los presupuestos municipales, sus modificaciones de crédito, las liquidaciones presupuestarias y las cuentas generales de ambos ejercicios.
Asimismo, ha examinado algunos de los principales contratos municipales, como los de limpieza viaria y recogida de residuos, mantenimiento de jardines y zonas verdes, rehabilitación del Mercado Central y colaboración en la recaudación, además de una muestra de contratos menores y los procedimientos de tesorería y pago.
La Sindicatura reconoce el cumplimiento sustancial de la normativa de contratación
Entre las principales conclusiones del informe destaca que la Sindicatura considera que, salvo las excepciones identificadas, la contratación municipal de 2025 se ajusta, en sus aspectos significativos, a la normativa vigente.
También constata que la Cuenta General de 2024 contiene los documentos legalmente exigidos y fue presentada dentro del plazo establecido.
En materia de control interno, el informe acredita que la Intervención municipal elabora y remite los informes anuales al Pleno y a la Intervención General de la Administración del Estado dentro de los plazos previstos, además de informar sobre las omisiones de fiscalización detectadas.
«Estas conclusiones deben valorarse teniendo en cuenta la amplitud de los procedimientos y expedientes examinados. Las observaciones de la Sindicatura son importantes y las vamos a atender, pero también lo son los aspectos de cumplimiento que recoge el propio informe», ha señalado el concejal.
Reducción de los reconocimientos extrajudiciales de crédito en un 80%
Una de las observaciones de la Sindicatura hace referencia a los gastos tramitados mediante reconocimientos extrajudiciales de crédito (REC), así como a determinadas deficiencias en la tramitación y licitación de contratos.
Sobre esta cuestión, Redondo ha explicado que «según ha confirmado la Intervención municipal, los REC no se han producido por una falta de recursos presupuestarios, sino por retrasos en la tramitación administrativa de determinados contratos».
Esta explicación técnica del Ayuntamiento difiere de la referencia a la ausencia de crédito adecuado y suficiente que contiene el informe de fiscalización.
El concejal ha destacado, además, la reducción del volumen de estos procedimientos respecto a los ejercicios que registraron las cifras más elevadas. «La evolución histórica de los reconocimientos extrajudiciales de crédito muestra reducciones próximas al 80 % en el número de facturas y al 70 % en el número de expedientes cuando se comparan determinados ejercicios con las etapas anteriores. Nuestro objetivo es seguir reduciendo el recurso a este procedimiento excepcional mediante una mejor planificación y tramitación de los contratos».
Recomendaciones ya en marcha
El responsable de Hacienda ha destacado que algunas de las observaciones recogidas por la Sindicatura se refieren a cuestiones que el Ayuntamiento ya había comenzado a corregir antes de la fiscalización.
En relación con la documentación de los presupuestos municipales, el informe señala la ausencia de tres documentos complementarios relacionados con la planificación de inversiones, la programación de la sociedad mercantil municipal y las previsiones de financiación.
«Dos de estos documentos ya fueron incorporados al expediente del presupuesto de 2026, tramitado a finales de 2025, con anterioridad a la fiscalización», ha manifestado.
Respecto a los informes jurídicos en los expedientes de contratación, el Ayuntamiento ha explicado que «anteriormente la Asesoría Jurídica informaba los pliegos de cláusulas administrativas particulares, mientras que actualmente dicho informe se extiende a la totalidad del expediente contractual».
Prevención de conflictos de interés y contratación menor
La Sindicatura también formula observaciones sobre la constancia documental de las medidas de prevención de la corrupción y los conflictos de interés en los expedientes de contratación.
Desde el Ayuntamiento se señala que se aplican los controles e informes preceptivos establecidos por la normativa, si bien se continuará trabajando para reforzar su documentación y trazabilidad.
En cuanto a los contratos menores, el informe considera insuficiente la constancia de la motivación exigida para acreditar que no se altera el objeto contractual con la finalidad de eludir los límites legales de este procedimiento.
El consistorio precisa que los expedientes incorporan declaraciones firmadas por los responsables técnicos y los órganos de contratación sobre la inexistencia de dichas alteraciones, y que se revisará la documentación para adecuarla a las exigencias señaladas por la Sindicatura.
Compromiso con la mejora de la gestión económica municipal
En cuanto a lo que indica el informe que «en la mayoría de los expedientes analizados no existe constancia de que se adopten medidas específicas para la lucha contra la corrupción y prevención de los conflictos de interés», Redondo ha afirmado que «desde el Gobierno municipal aplicamos todos los preceptivos medios de control y medidas anticorrupción, a través de la Asesoría Jurídica, Órgano de Gestión Presupuestaria, etc. y todos los departamentos con competencias en la materia para cumplir con la Ley de Contratos».
Redondo ha insistido en que las fiscalizaciones externas «permiten detectar deficiencias y mejorar los procedimientos administrativos».
«No se trata de ignorar las recomendaciones, sino de analizarlas, atenderlas y continuar mejorando. De hecho, la mayoría de las medidas ya se habían adoptado voluntariamente antes de que se realizara esta fiscalización».
Finalmente, el concejal de Hacienda ha reiterado el compromiso del Gobierno municipal con la planificación presupuestaria, el control del gasto, la transparencia y el cumplimiento de la legalidad.
«Seguiremos trabajando con los servicios económicos y jurídicos municipales para mejorar la gestión de los recursos públicos. Ese es nuestro compromiso con los castellonenses», ha concluido Redondo.
