La declaración institucional para el próximo pleno, con motivo del día internacional que se conmemora cada 23 de septiembre, plantea reforzar las acciones de formación y sensibilización que desarrolla el Ayuntamiento
El Partido Popular en el Ayuntamiento de Castellón propone para el próximo pleno una declaración institucional con motivo del Día Internacional contra la Explotación Sexual y la Trata de Mujeres, Niñas y Niños, que se conmemora cada 23 de septiembre. La iniciativa plantea reforzar la prevención, mejorar la atención a las víctimas y promover su recuperación e inclusión social, destacando el papel de los ayuntamientos en la detección precoz y el acompañamiento a las personas afectadas.
El portavoz del grupo municipal popular, Sergio Toledo, ha señalado que «la explotación sexual no puede normalizarse ni asumirse como una realidad inevitable. Debemos mejorar la detección, acompañar a las víctimas y ofrecerles oportunidades para recuperar su autonomía y construir un proyecto de vida libre de violencia».
La declaración recoge que la Memoria de la Fiscalía General del Estado referida a 2025 alerta de un incremento del 57,9 % en la cifra global de potenciales víctimas de trata en España. Asimismo, señala que, según los datos del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado correspondientes a ese año, de las 374 víctimas identificadas de trata con fines de explotación sexual, 368 eran mujeres adultas y dos eran niñas.
«Estamos ante una grave vulneración de los derechos humanos que afecta de manera desproporcionada a mujeres y niñas. Las redes criminales se aprovechan de la pobreza, la desigualdad y la vulnerabilidad. Nuestra respuesta debe actuar sobre esas circunstancias y situar la protección de las víctimas en el centro», ha destacado Toledo.
Continuidad al trabajo del Ayuntamiento
La propuesta recuerda que el Ayuntamiento de Castellón mantiene una línea de trabajo estable frente a la trata y la explotación sexual mediante acciones de formación y sensibilización, el intercambio de experiencias y buenas prácticas entre entidades locales y la cooperación con administraciones y organizaciones especializadas. Esta labor se canaliza institucionalmente a través de la Comisión de Igualdad y de la Comisión de Lucha contra la Violencia contra las Mujeres.
Toledo ha explicado que «esta declaración busca dar continuidad y reforzar el trabajo que ya desarrolla el Ayuntamiento. La formación, la sensibilización y la colaboración con las entidades especializadas son fundamentales para prevenir la explotación sexual y mejorar la respuesta ante posibles situaciones de trata».
Más herramientas para detectar y atender a las víctimas
La iniciativa plantea impulsar protocolos y herramientas comunes para que los servicios municipales puedan identificar indicios de trata y facilitar la orientación, el acompañamiento y la derivación a recursos especializados. También defiende que las entidades locales dispongan de los medios humanos, técnicos y económicos necesarios para desarrollar estas funciones.
«Los ayuntamientos somos la administración más cercana a la ciudadanía y podemos desempeñar un papel fundamental en la detección. Necesitamos profesionales con formación especializada y una coordinación estable con las administraciones competentes, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y las entidades sociales», ha subrayado el portavoz popular.
Prevención entre jóvenes y en los entornos digitales
Otro de los objetivos es reforzar la sensibilización entre adolescentes y jóvenes, con especial atención a las nuevas formas de captación y a la normalización de la explotación sexual en los entornos digitales. La declaración incluye también actuaciones para desincentivar la demanda que alimenta esta explotación.
Toledo ha afirmado que «la prevención debe ayudar a los jóvenes a identificar situaciones de abuso y a cuestionar los modelos de relación basados en la desigualdad y el dominio, también en los espacios digitales».
La propuesta contempla compartir experiencias y recursos entre municipios y reforzar la asistencia a las localidades de menor tamaño, para garantizar el acceso a la protección y la atención especializada con independencia del lugar de residencia. Estas medidas se completan con políticas dirigidas a favorecer la recuperación integral, la inclusión social y la autonomía de las personas supervivientes.
