La Unió Llauradora reclama la urgencia de un plan de arranque definitivo con criterios sociales que consensue tanto las condiciones de admisibilidad como los criterios de prioridad para el ajuste de la superficie de viñedo.
La organización considera que este plan es una de las medidas necesarias para ayudar a paliar el impacto de la crisis que está atravesando el sector desde hace algunos años y que incide de manera especial en el sector productor. Los resultados de las últimas campañas para los productores valencianos ponen de manifiesto que se trata de una medida totalmente necesaria, dado que los precios en origen de las variedades con mayor superficie cultivada han sido bajos y el mercado se tensiona al resentirse el consumo.
LA UNIÓ señala que si la entrada en vigor de la reglamentación comunitaria necesaria se retrasa al mes de julio de 2026, si las CCAA no han llevado a cabo una labor de prospección de las superficies que se podrían ver afectadas por este arranque y si la cosecha próxima eleva el volumen de disponibilidades de vino y mosto a niveles elevados, el efecto en los precios de la uva y del vino en origen y el arranque sin ayuda alguna va a seguir registrando descenso generalizados que ponen en serio riesgo la continuidad de muchas explotaciones vitícolas.
Por otra parte, sigue considerando que la ficha financiera de la Intervención Sectorial Vitivinícola (ISV), 202,14 M€ ha de destinarse para aquellos viticultores y otros agentes del sector que desean continuar con la actividad vitivinícola.
“No es de recibo que mientras Francia ha puesto encima de la mesa 250 M€ en dos años, 2025 y 2026, para el arranque de en torno a 60.000 has. con fondos de Estado, además de 40 M€ para destilación de crisis de la reserva de crisis comunitaria, con todas las bendiciones comunitarias, aquí estemos esperando a resolver la duda de si son galgos o podencos, si los fondos ha de ponerlos la Administración central o las CCAA que obvian el desastre que se avecina en base a las previsiones de la próxima vendimia”.
LA UNIÓ manifiesta igualmente que la Intervención Sectorial debe ser obligatoria para los EEMM, dotada económicamente con niveles de financiación, cuando menos, similares a los actuales y eliminando la cofinanciación del 30 % de los EEMM como figura en los borradores de la nueva PAC 2028 -2034 para las Intervenciones Sectoriales.
Reducción creciente de la demanda
Al mismo tiempo, la organización ha confirmado la tendencia de las bodegas a la reducción de demanda de uva de sus proveedores, circunstancia que se está repitiendo en numerosas DOP en un contexto de expectativas de producción elevada a expensas de la evolución de la climatología a lo largo de los dos meses próximos.
“El Reglamento que pone en práctica el Paquete vino, necesario, pero no suficiente, el desarrollo de la legislación secundaria y su traslación al marco normativo estatal, los denodados esfuerzos de la oferta por colocar nuevos productos en los mercados interno y externo no logran conjurar ese fantasma que recorre el mundo del vino a nivel global: la consolidación del descenso en su consumo, tanto en la UE como en el resto del mundo”, señalan los responsables del sector en LA UNIÓ.
Por otra parte, se ha planteado la existencia de prácticas fraudulentas a través de la sustitución de alcoholes vínicos por alcoholes de otros orígenes, algo reiterativo a lo largo de las últimas campañas. El mismo escenario se da en la producción de mostos por lo que se ha exigido una mayor efectividad en los controles de las distintas administraciones implicadas.
