La coalición valencianista defiende recuperar el módulo de precios de la VPP y garantizar que las viviendas construidas con recursos públicos mantengan la protección permanentemente para evitar la especulación.
Compromís per Castelló ha denunciado que el Plan Vive impulsado por el Partido Popular no está garantizando el acceso a una vivienda asequible para las familias trabajadoras, sino que está poniendo suelo público a disposición de promotores privados sin asegurar que los precios finales respondan a las necesidades reales de la ciudadanía. La representante de Compromís Verònica Ruiz ha cuestionado el modelo de vivienda del gobierno de Begoña Carrasco y ha advertido de que las promociones de vivienda de protección pública anunciadas en Castelló, con pisos que alcanzan los 200.000 euros y exigencias de entrada de hasta 60.000 euros, evidencian que la política del PP está dejando fuera precisamente a las personas que más necesitan acceder a una vivienda.
«Que una persona tenga que disponer de 60.000 euros de ahorros para poder comprar una vivienda supuestamente protegida es un insulto para la mayoría trabajadora de Castelló. ¿De qué sirve anunciar cientos de viviendas de protección pública si después una familia con dos salarios normales no puede permitirse comprarlas? El Plan Vive no está pensado para garantizar el derecho a la vivienda, sino para facilitar el negocio inmobiliario con suelo que es de todas y todos», ha denunciado Ruiz.
Desde Compromís consideran que el problema no es únicamente la falta de viviendas, sino también las condiciones económicas en las que llegan al mercado. En este sentido, la formación cuestiona que el gobierno de Carrasco presente como una solución a la emergencia residencial promociones que exigen un nivel de ahorro inalcanzable para buena parte de la población. «No podemos aceptar que se ponga suelo público al servicio de la promoción privada y que el resultado sean pisos a los que no pueden acceder las personas jóvenes, las familias trabajadoras o quienes necesitan una primera vivienda. Los recursos públicos deben servir para garantizar derechos, no para asegurar oportunidades de negocio», ha insistido Ruiz.
Frente a este modelo, Compromís ha defendido la necesidad de recuperar un módulo de precios de la vivienda de protección pública que garantice que comprar una vivienda protegida sea realmente asequible. La formación considera imprescindible establecer precios ajustados a la capacidad económica de la población y reforzar las condiciones de acceso para que las políticas públicas de vivienda lleguen a las personas que las necesitan.
Además, los valencianistas reclaman poner fin a la posibilidad de que las viviendas protegidas acaben incorporándose al mercado libre una vez transcurrido el periodo de protección. Por ello, defienden que todas las viviendas de protección pública mantengan esta calificación de manera permanente, con mecanismos que impidan su utilización para operaciones especulativas y garanticen que continúen cumpliendo una función social a lo largo del tiempo.
«Una vivienda protegida debe estar protegida para siempre. No tiene ningún sentido que las administraciones pongan suelo y recursos públicos para facilitar la construcción de viviendas y que, pasado un tiempo, estas puedan acabar vendiéndose a precios de mercado. No podemos permitir que alguien compre una VPP para revenderla más cara y hacer negocio con un derecho básico. La vivienda debe ser un hogar, no un producto de inversión», ha afirmado Verònica Ruiz.
Finalmente, la representante de Compromís ha reclamado un cambio de prioridades en las políticas de vivienda de Castelló y ha insistido en que el éxito de cualquier plan público no puede medirse únicamente por el número de pisos anunciados o construidos, sino por la capacidad real de la ciudadanía para acceder a ellos. «La cuestión no es cuántas viviendas anuncia Carrasco, sino quién podrá vivir en ellas. Desde Compromís defendemos que cada euro y cada metro cuadrado de suelo público destinado a vivienda debe servir para garantizar un derecho y no para alimentar la especulación inmobiliaria», ha concluido.
