Dos años después de la fatídica DANA de octubre de 2024, la recuperación del campo valenciano sigue marcada por la falta de información, los mensajes contradictorios y la incertidumbre sobre las ayudas y las reparaciones pendientes, según denuncia LA UNIÓ. Cientos de agricultores y ganaderos continúan sin saber qué ocurrirá con todas sus parcelas afectadas, cuándo se ejecutarán las obras necesarias o en qué situación se encuentran sus expedientes.
Ante esta situación, la organización ha remitido una carta a la comisionada especial para la DANA, Zulima Pérez, en la que exige medidas urgentes para desbloquear los asuntos pendientes, aclarar los procedimientos y garantizar una coordinación efectiva entre el Ministerio de Agricultura, TRAGSA, el Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA), la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) y la Generalitat Valenciana.
LA UNIÓ considera que el esfuerzo presupuestario realizado tras las inundaciones no puede traducirse en una sucesión de expedientes sin resolver, actuaciones sin calendario y agricultores que desconocen qué respuesta recibirán. La falta de información individualizada está generando indefensión y poniendo en riesgo la continuidad de explotaciones que necesitan recuperar su capacidad productiva para seguir adelante.
La publicación de un nuevo listado de parcelas el pasado 16 de octubre no ha resuelto la incertidumbre. Según las quejas trasladadas a LA UNIÓ, algunos titulares han comprobado que se han incorporado nuevas parcelas a sus expedientes, pero siguen sin tener información sobre otras muchas que también resultaron afectadas por la DANA. Esta situación impide a los agricultores conocer con precisión el alcance de las actuaciones previstas y planificar la recuperación de sus explotaciones. La organización denuncia, además, que no ha encontrado información oficial publicada sobre el inicio de la tramitación de los recursos de alzada. Según la información recabada por LA UNIÓ, estos recursos no se atenderían hasta que se publique el último listado, lo que prolonga todavía más la incertidumbre de los afectados.
A ello se añade la falta de claridad sobre si habrá nuevas relaciones de parcelas. LA UNIÓ ha recibido quejas de agricultores a los que TRAGSA ha llamado para ofrecerles la reparación de determinadas parcelas incluidas en sus listados, trasladándoles que no se publicarán más listados. Esta circunstancia genera dudas entre quienes todavía tienen terrenos afectados sin respuesta y no saben si podrán incorporarse a las actuaciones.
Otro de los problemas que preocupa a la organización es la situación de los agricultores que han adelantado por su cuenta las reparaciones de sus parcelas, caminos, instalaciones o infraestructuras de riego ante la necesidad de recuperar cuanto antes la actividad. Según las quejas recibidas, algunos titulares temen que aceptar ahora una reparación por parte de TRAGSA pueda impedirles cobrar las ayudas correspondientes por actuaciones que ya han realizado con sus propios medios. La falta de información clara sobre las condiciones, los procedimientos y las consecuencias de aceptar o rechazar las intervenciones está dificultando la toma de decisiones y puede generar nuevos perjuicios económicos. Para LA UNIÓ, no es admisible que los afectados tengan que decidir sobre actuaciones que afectan a sus explotaciones sin disponer previamente de información oficial, homogénea y por escrito. La organización reclama que se aclare qué parcelas se van a reparar, cuáles quedan fuera, qué actuaciones están previstas y cómo se tratarán los gastos asumidos previamente por los titulares.
En cuanto a las parcelas incluidas en el Dominio Público Hidráulico, LA UNIÓ pide que se informe de manera coordinada sobre las parcelas afectadas por esa delimitación y por posibles zonas de laminación, indicando sus efectos sobre la titularidad, el uso agrario, la superficie reparable, las compensaciones aplicables y los procedimientos de audiencia o reclamación disponibles.
La organización agraria también recoge el malestar de agricultores que observan cómo otras personas afectadas, incluso en situaciones que consideran similares, han recibido pagos mientras sus expedientes continúan sin resolverse. Estas diferencias, cuando no van acompañadas de una explicación clara sobre los criterios aplicados y el estado de cada expediente, alimentan la desconfianza y la sensación de agravio entre los damnificados.
La situación también afecta a los viveristas. LA UNIÓ ha recibido quejas de empresas que han reparado sus invernaderos y realizado importantes inversiones para recuperar su actividad, mientras que otros viveristas de menor dimensión aseguran que se les han denegado las ayudas o actuaciones solicitadas.
La organización considera imprescindible que se expliquen los criterios de concesión, las razones de las denegaciones y las vías disponibles para reclamar, con el fin de garantizar un trato transparente y evitar que la recuperación dependa de la falta de información o de interpretaciones diferentes de los procedimientos.
Cinco exigencias para desbloquear la recuperación del campo
Ante este escenario, LA UNIÓ reclama a la comisionada especial para la DANA y al conjunto de las administraciones implicadas que se adopten medidas concretas y verificables:
Listados completos y resolución de expedientes. Publicar las relaciones pendientes de beneficiarios y parcelas, aclarar si habrá nuevas actualizaciones y resolver expresamente las alegaciones y los recursos presentados.
Calendario público de las obras. Difundir una planificación detallada por municipios de los trabajos encomendados a TRAGSA, con identificación de las actuaciones pendientes y previsión de ejecución.
Un interlocutor técnico permanente. Designar una persona o unidad de referencia que responda con rapidez a las incidencias de los agricultores y coordine las consultas con los organismos competentes.
Claridad sobre las parcelas afectadas por el dominio público hidráulico. Establecer una respuesta coordinada sobre las delimitaciones de cauces y las zonas de laminación que afectan a terrenos agrícolas.
Protección de los derechos de los agricultores. Aplicar urgentemente los criterios de fuerza mayor para salvaguardar los derechos vinculados a las ayudas de la PAC y al viñedo, además de aclarar las condiciones de las reparaciones ya realizadas y las consecuencias de aceptar nuevas intervenciones.
LA UNIÓ insiste en que estas actuaciones requieren una coordinación efectiva entre el Ministerio, TRAGSA, el FEGA, la CHJ y la Generalitat Valenciana. No basta con publicar listados parciales o trasladar información de manera individual y contradictoria: los afectados necesitan respuestas oficiales, procedimientos claros y plazos concretos.
Dos años después, el campo sigue esperando soluciones
La organización agraria advierte de que la recuperación no puede darse por concluida mientras haya explotaciones que desconozcan qué parcelas se repararán, agricultores pendientes de una resolución o instalaciones que continúen sin una solución definitiva.
Dos años después de las inundaciones, la falta de certezas sigue condicionando las inversiones, la planificación de las campañas y la viabilidad de numerosas explotaciones. Para LA UNIÓ, la reconstrucción debe medirse por las soluciones que llegan efectivamente al campo, no únicamente por los presupuestos anunciados o las actuaciones recogidas sobre el papel.
Por ello, exige a la comisionada especial para la DANA que impulse una respuesta coordinada y urgente que permita cerrar los expedientes pendientes, aclarar las dudas y garantizar que ninguna persona afectada quede sin una respuesta motivada.
Carles Peris, secretario general de LA UNIÓ, considera que “los agricultores y ganaderos damnificados ya han soportado dos años de pérdidas, trámites e incertidumbre. Ahora necesitan soluciones, plazos y responsabilidades claras para poder recuperar sus explotaciones y mirar al futuro con garantías”.
