La Junta Electoral de Zona de Castellón ha dado la razón al PSPV en sus dos primeras reclamaciones contra la propaganda institucional difundida por el Ayuntamiento durante el actual periodo electoral. En sendos acuerdos adoptados por unanimidad el 18 de octubre, el órgano electoral concluye que las notas de prensa, publicaciones y manifestaciones denunciadas constituyen «una campaña institucional sobre logros prohibida por el art. 50 LOREG».
Las reclamaciones socialistas se dirigían contra distintas comunicaciones del gabinete de prensa municipal que, a juicio del PSPV, van más allá de la información objetiva, para ensalzar fundamentalmente la gestión del gobierno de Begoña Carrasco. Entre ellas figuran las notas sobre el Festival Origen y Survival Zombie, la reorganización del servicio del TRAM coincidiendo con la última fase de las obras de Ferrandis Salvador, la recepción de las obras de la carpintería exterior del CEIP Enriqueta Agut y la presentación de un curso de actividades para personas mayores. También se denunciaron manifestaciones sobre la ocupación turística y el crecimiento de las viviendas de uso turístico.
La Junta Electoral, como señala el candidato socialista a la Alcaldía de Castelló, Rafa Simó, no se ha limitado a pedir cautela al gobierno municipal. En sus resoluciones, apercibe al Ayuntamiento de Castelló y a la alcaldesa de la prohibición de realizar inauguraciones, anuncios o aperturas de obras y servicios públicos, así como cualquier «venta de logros» hasta la conclusión del periodo electoral. Además, requiere la retirada inmediata de las publicaciones denunciadas, «tanto de los perfiles institucionales como de los personales».
En la segunda reclamación, el apercibimiento alcanza expresamente a Begoña Carrasco y a los concejales Sergio Toledo, Ester Giner, Arantxa Miralles, Gonzalo Romero y Alberto Vidal. La Junta Electoral considera que las actuaciones denunciadas contravienen los artículos 50.2 y 50.3 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General y las instrucciones de la Junta Electoral Central sobre los límites de las campañas institucionales y los actos de inauguración durante los procesos electorales.
Simó insiste en que «el Ayuntamiento no puede convertirse en el gabinete de propaganda del gobierno de turno». Los socialistas recuerdan que la alcaldesa y sus ediles tienen pleno derecho a defender su gestión en los debates políticos, pero subrayan que eso no les permite utilizar los canales y recursos públicos para difundir mensajes de promoción de sus logros durante un proceso electoral.
«Una cosa es informar de que se celebra una actividad, de que se presta un servicio o de que se ha aprobado un acuerdo. Otra muy distinta es utilizar las notas oficiales para presentar cada actuación como un éxito del gobierno. La Junta Electoral ha dejado claro, por unanimidad, que las comunicaciones denunciadas traspasaban ese límite», destaca Simó.
El Grupo Municipal Socialista exige a Carrasco que cumpla los requerimientos de la Junta Electoral, retire las publicaciones afectadas y garantice que la comunicación municipal se ajuste a los principios de objetividad y neutralidad institucional. El PSPV advierte de que continuará vigilando la actividad del gobierno local y presentará nuevas reclamaciones si detecta otras actuaciones que puedan vulnerar la normativa electoral.
