JUCIL exige paralizar la supresión del GEDEX de Castellón tras la eliminación de sus plazas especializadas
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JUCIL exige paralizar la supresión del GEDEX de Castellón tras la eliminación de sus plazas especializadas

. JUCIL, la a asociación profesional más combativa de la Guardia Civil, denuncia la resolución de la Dirección General de la Guardia Civil que autoriza el cierre del Grupo de Desactivación de Explosivos (GEDEX) de la Comandancia de Castellón, en el marco de la modificación de plantilla tramitada por el Estado Mayor del Mando de Operaciones (C.E. nº 26N0001132).

Redacción · 06/11/2026

La orden contempla el desmantelamiento definitivo de la unidad con la supresión de 3 dotaciones de Guardia Civil especialistas TEDAX-NRBQ.

JUCIL censura que la Dirección General apele a la “optimización de recursos” para privar a la provincia de Castellón de un servicio crítico. La entidad destaca además el impacto profesional sobre los agentes, que pasarán a situación de cese en el destino con derecho preferente (Art. 50.1.a RD 470/2019), ofreciéndoles como única alternativa paliativa comisiones de servicio voluntarias de carácter no indemnizable por un máximo de un año.

Desde la asociación remarcan que Castellón presenta un escenario singular en materia de emergencias por explosivos, caracterizado por la constante aparición de vestigios sin detonar de la Guerra Civil (fruto de operaciones clave como la Batalla del Levante en zonas rurales y de montaña), así como por la actividad propia de su tejido industrial -con unos sector industriales tan potentes como el azulejero, que emplea depósitos y maquinaria pesada o el pirotécnico- y eventos festivos tradicionales.

La eliminación de esta base provincial y la consiguiente dependencia de unidades con sede en provincias colindantes como Valencia supondrá un drástico aumento en los tiempos de respuesta. Esta dilación prolongará innecesariamente los protocolos de acordonamiento y desalojo preventivo, provocando la parálisis prolongada de obras públicas, trabajos agrícolas y vías de transporte, además de sobrecargar a las patrullas locales de Seguridad Ciudadana, que deberán permanecer custodiando los perímetros de riesgo durante horas hasta la llegada de los especialistas desplazados.

«Privar a Castellón de su unidad de desactivación de explosivos mermará la capacidad de respuesta ante situaciones de riesgo y obligará a depender de unidades de provincias colindantes que ya tienen mermadas sus plantillas. No admitimos que se racanee con la seguridad ni que se ofrezcan comisiones no indemnizables a los especialistas afectados», afirman portavoces de JUCIL.

JUCIL insta al Ministerio del Interior a dar marcha atrás a la medida y garantizar los efectivos necesarios en la Comandancia de Castellón.

 

Sobre JUCIL:

Con más de 15.000 miembros, JUCIL es una de las asociaciones profesionales más representativas de la Guardia Civil gracias a su espíritu combativo en defensa de los derechos y condiciones laborales de los miembros del Instituto y de la reputación del mismo. Sus principales objetivos son la equiparación salarial con otros cuerpos policiales, la mejora de las condiciones laborales de los miembros de la Guardia Civil y la defensa de un despliegue eficaz y una dotación adecuada del cuerpo en el ejercicio de las competencias que tiene legalmente atribuidas.

La orden contempla el desmantelamiento definitivo de la unidad con la supresión de 3 dotaciones de Guardia Civil especialistas TEDAX-NRBQ.

JUCIL censura que la Dirección General apele a la “optimización de recursos” para privar a la provincia de Castellón de un servicio crítico. La entidad destaca además el impacto profesional sobre los agentes, que pasarán a situación de cese en el destino con derecho preferente (Art. 50.1.a RD 470/2019), ofreciéndoles como única alternativa paliativa comisiones de servicio voluntarias de carácter no indemnizable por un máximo de un año.

Desde la asociación remarcan que Castellón presenta un escenario singular en materia de emergencias por explosivos, caracterizado por la constante aparición de vestigios sin detonar de la Guerra Civil (fruto de operaciones clave como la Batalla del Levante en zonas rurales y de montaña), así como por la actividad propia de su tejido industrial -con unos sector industriales tan potentes como el azulejero, que emplea depósitos y maquinaria pesada o el pirotécnico- y eventos festivos tradicionales.

La eliminación de esta base provincial y la consiguiente dependencia de unidades con sede en provincias colindantes como Valencia supondrá un drástico aumento en los tiempos de respuesta. Esta dilación prolongará innecesariamente los protocolos de acordonamiento y desalojo preventivo, provocando la parálisis prolongada de obras públicas, trabajos agrícolas y vías de transporte, además de sobrecargar a las patrullas locales de Seguridad Ciudadana, que deberán permanecer custodiando los perímetros de riesgo durante horas hasta la llegada de los especialistas desplazados.

«Privar a Castellón de su unidad de desactivación de explosivos mermará la capacidad de respuesta ante situaciones de riesgo y obligará a depender de unidades de provincias colindantes que ya tienen mermadas sus plantillas. No admitimos que se racanee con la seguridad ni que se ofrezcan comisiones no indemnizables a los especialistas afectados», afirman portavoces de JUCIL.

JUCIL insta al Ministerio del Interior a dar marcha atrás a la medida y garantizar los efectivos necesarios en la Comandancia de Castellón.

 

Sobre JUCIL:

Con más de 15.000 miembros, JUCIL es una de las asociaciones profesionales más representativas de la Guardia Civil gracias a su espíritu combativo en defensa de los derechos y condiciones laborales de los miembros del Instituto y de la reputación del mismo. Sus principales objetivos son la equiparación salarial con otros cuerpos policiales, la mejora de las condiciones laborales de los miembros de la Guardia Civil y la defensa de un despliegue eficaz y una dotación adecuada del cuerpo en el ejercicio de las competencias que tiene legalmente atribuidas.