Som Castelló denuncia irregularidades en el servicio público de limpieza
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Som Castelló denuncia irregularidades en el servicio público de limpieza

En el escrito presentado y debidamente registrado concede al Ayuntamiento tres semanas para regularizar la situación

Antonio García Besga · 09/11/2026

Si en ese plazo no se solucionan las irregularidades del servicio solicita la dimisión de la Alcaldesa, Begoña Carrasco y del concejal delegado del área, Sergio Toledo.

A la primera por faltar al deber legal in vigilando, por la responsabilidad política institucional y por la omisión ante riesgos de seguridad pública, al segundo por omisión de la obligación de control sobre las contrataciones públicas.

Som Castelló afirma que tiene documentación que acredita que diversos vehículos adscritos a la flota de trabajo contratada han circulado y prestaron servicio sin haber superado la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) obligatoria, existiendo asimismo deficiencias graves en las dotaciones de material sanitario obligatorio.

Señala a TETMA (Simetría Grupo Empresarial S. L.), adjudicataria del servicio público de limpieza en el municipio de Castellón de la Plana, como responsable de los hechos, añadiendo que dichos incumplimientos han sido notificados formalmente por la representación de los trabajadores a la mercantil sin que se hayan adoptado medidas correctoras.

En su escrito, Som Castelló, advierte al Ayuntamiento  de su obligación legal de sancionar la infracción.

Som solicita se inicie de inmediato expediente de comprobación e inspección de los vehículos y medios materiales adscritos al servicio y se incoe, si procede, el correspondiente expediente sancionador.

Transcurrido el plazo de tres semanas, Som Castelló, si no se ha iniciado el expediente, emprenderá de inmediato un acto de comunicación ante la Agencia Valenciana Antifraude.

Transcurrido ese período sin que les sea notificado el inicio formal del expediente de comprobación y las medidas sancionadoras correspondientes a la situación denunciada, Som se reserva el derecho de incoar Diligencias de Investigación Preprocesales ante la jurisdicción competente por presunta prevaricación administrativa por omisión del deber de perseguir infracciones.

Si en ese plazo no se solucionan las irregularidades del servicio solicita la dimisión de la Alcaldesa, Begoña Carrasco y del concejal delegado del área, Sergio Toledo.

A la primera por faltar al deber legal in vigilando, por la responsabilidad política institucional y por la omisión ante riesgos de seguridad pública, al segundo por omisión de la obligación de control sobre las contrataciones públicas.

Som Castelló afirma que tiene documentación que acredita que diversos vehículos adscritos a la flota de trabajo contratada han circulado y prestaron servicio sin haber superado la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) obligatoria, existiendo asimismo deficiencias graves en las dotaciones de material sanitario obligatorio.

Señala a TETMA (Simetría Grupo Empresarial S. L.), adjudicataria del servicio público de limpieza en el municipio de Castellón de la Plana, como responsable de los hechos, añadiendo que dichos incumplimientos han sido notificados formalmente por la representación de los trabajadores a la mercantil sin que se hayan adoptado medidas correctoras.

En su escrito, Som Castelló, advierte al Ayuntamiento  de su obligación legal de sancionar la infracción.

Som solicita se inicie de inmediato expediente de comprobación e inspección de los vehículos y medios materiales adscritos al servicio y se incoe, si procede, el correspondiente expediente sancionador.

Transcurrido el plazo de tres semanas, Som Castelló, si no se ha iniciado el expediente, emprenderá de inmediato un acto de comunicación ante la Agencia Valenciana Antifraude.

Transcurrido ese período sin que les sea notificado el inicio formal del expediente de comprobación y las medidas sancionadoras correspondientes a la situación denunciada, Som se reserva el derecho de incoar Diligencias de Investigación Preprocesales ante la jurisdicción competente por presunta prevaricación administrativa por omisión del deber de perseguir infracciones.